La hoguera estatal

Sobre la quema de libros y el Perú de hoy

La historia de la quema de libros es tan antigua, acaso, como la existencia misma de los libros. Quizá empezó doscientos años antes de Cristo, con el incendio de todo texto de filosofía existente en la China del emperador Qin Shi Huang --el hecho lo rescata Borges en un ensayo muy conocido--. Y no es de ninguna manera un fenómeno extinto: el siglo veinte e incluso el actual han visto su frenética reproducción.

En 1937, en Brasil, el dictador Getulio Vargas ordenó el incendio de todos los ejemplares de tres libros de Jorge Amado. En 1939, en Barcelona, las tropas de Franco quemaron completa la biblioteca del intelectual catalanista Pompeu Fabra al grito de "abajo la inteligencia". En Indonesia, en los sesentas, Suharto hizo quemar la biblioteca del escritor Pramoedya Ananta Toer, inmediatamente después de encarcelarlo.

En 1986 el gobierno de Augusto Pinochet mandó quemar, en Valparaíso, quince mil copias del libro La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile, de Gabriel García Márquez. En 1988, en varios países del mundo, grupos de musulmanes radicales echaron a la hoguera miles de copias de Los versos satánicos, de Salman Rushdie, y librerías de Inglaterra y California que ofertaban la novela fueron blanco de atentados con explosivos.

En 1992, los nacionalistas serbios hicieron arder en llamas la biblioteca del Instituto Oriental de Sarajevo, eliminando su colección entera de varios cientos de miles de ejemplares. Incluso este año, un alcalde fanático en una pequeña ciudad de Israel ordenó la quema de cientos de copias del Nuevo testamento que estaban siendo distribuidas gratuitamente en las calles.

Y en plena campaña electoral, en Estados Unidos, ha salido a la luz el dato de que la republicana Sarah Palin, años atrás, sugirió a la bibliotecaria del pueblo de Alaska del cual ella era alcaldesa, deshacerse de ciertos libros inconvenientes. (Hay, de hecho, muchos libros vetados en bibliotecas municipales norteamericanas hoy mismo, incluyendo clásicos de su literatura nacional, como Of Mice and Men, de Steinbeck).

Un post de Andrea Naranjo en el Gran Combo Club nos recuerda que, en el Perú, durante el gobierno de Odría, los funcionarios aduaneros tenían una lista de libros que no debían ingresar al país. Más tarde, como se sabe, mil quinientos ejemplares de La ciudad y los perros se hicieron humo en los patios del Colegio Militar Leoncio Prado, en el año de su publicación (es decir, probablemente, bajo la presidencia de Lindley o la de Pérez Godoy).

La misma Andrea Naranjo desentierra también el dato de que, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, el entonces ministro de Gobierno, Javier Alva Orlandini, dio la instrucción (cumplida) de quemar ciertos libros de tendencia izquierdista, en 1967. Paradójicamente, Alva Orlandini fue luego presidente del Tribunal Constitucional.

En el Perú de hoy, hasta donde sé, no se queman libros. (El último incidente que recuerdo fue un truco publicitario del poeta sanmarquino Rubén Quiroz, a principios de esta década). Dependiendo de nuestro grado de ingenuidad, eso puede hacernos creer que tenemos un gobierno civilizadamente respetuoso de la cultura. En verdad, eso no está tan claro. El Perú tiene unas leyes para la importación de libros, y de insumos para la imprenta, que resultan más radicales que cualquier hoguera. En todo caso, la única gran diferencia es que no se toma como objetivo de la persecución explícita a un libro o un conjunto de libros en particular: se censura el acceso a todos los libros en general.

"Abajo la inteligencia", el lema de los incendiarios franquistas, bien podría ser el canto de un gobierno como el aprista, que no hace nada por promover la lectura y cuyos planes educativos se reducen a la finta de ciertos proyectos de distribución de computadoras cuyo fracaso es advertido por muchos y a una ley del libro que no marca un abaratamiento sustancial del producto. ¿Dónde están los proyectos estatales de incentivo para la lectura, dónde la transformación de la enseñanza escolar y universitaria, dónde el plan efectivo de abaratamiento del libro?

En su primer gobierno, Alan García tuvo un solo gesto --grandilocuente-- en relación con la difusión de formas culturales: la organización del célebre Sicla, que trajo a Lima a decenas de músicos de protesta y de la nueva trova latinoamericana. Todos sabemos que no fue una difusión genuina y cristalina, sino el intento de cooptar a la juventud universitaria a través del regalo de un festival que hiciera ver al régimen como progresista y aliado del arte.

De alguien como García, que en esos años no dudó en usar la cultura como carnada para atrapar incautos, no cabe esperar demasiado en materia de políticas culturales. Pero eso no quiere decir que se deba dejar de protestar y exigir cierto grado de interés y promoción. No hablo del famoso y tartamudo pedido de "apoyar a la cultura", formulado con insistencia, paradójicamente, por las mismas personas que luego aplauden cualquier mamarracho por el solo hecho de ser un producto nacional, o que acaban proclamando que "cultura es todo", como si no fuera incoherente exigir apoyo a la cultura para luego convertir el conjunto en poco menos que infinito.

Hablo de algo bastante más digno del rol de un gobierno: sentar las bases legales para que la producción de inteligencia y creatividad en el país tenga un espacio propio y menos obstáculos que sortear.

No hablo, entoces, de la limosna de construir asilos y regalar pensiones para artistas agónicos, o levantar la manida Casa del Poeta, como si el Estado tuviera que responsabilizarse del destino de ciertos ciudadanos más que del destino de otros.

Me refiero, más bien, a propiciar un mercado en el que el libro deje de ser artículo de lujo para convertirse en una mercancía al alcance de quien esté interesado en ella, donde los maestros escolares y universitarios puedan acceder a un sueldo solvente y a los materiales que necesiten, donde un país que pronto tendrá treinta millones de habitantes deje de tener un tercio de sus librerías concentrado en el distrito más pudiente de la capital.

Exigir que se construya un terreno con esas coordenadas no debería ser, como hasta ahora, interés casi privativo de editores y libreros: debería haber un movimiento vasto y coordinado de escritores, artistas, cineastas, intelectuales, críticos, profesores universitarios, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, periodistas, universidades y medios de comunicación que pusiera sobre el tapete la discusión acerca del desarrollo de la inteligencia en el país. Sin tintes partidarios ni escisiones gregarias, planteando un conjunto mínimo de condiciones imprescindibles para el desarrollo de la actividad cultural: una suerte de plan mínimo que cualquier gobierno debería aceptar como punto de partida para sus políticas culturales.

Después de todo, quiénes más indicados que los intelectuales de un país para plantear esa expectativa y reclamarla a voz en cuello.